Revista Española de Derecho Constitucional, 107, mayo-agosto (2016), pp. 187–217
La controvertida Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), ha ultimado una reforma del derecho español en materia penal y sancionadora que, en su conjunto, ha contado con una férrea contestación desde diversos sectores doctrinales, políticos y del activismo social. Así, en el presente trabajo se aborda el examen de la LOPSC a partir de algunas de las limitaciones que introduce en la disponibilidad del espacio público para el ejercicio del derecho de la participación política y la libertad de información, cuyo objeto y finalidad apuntan inequívocamente a la contención de las conductas perturbadoras de determinados sectores sociales. En ese sentido ya podemos avanzar que la dicción de algunos de los nuevos tipos sancionables tiene difícil encaje en la jurisprudencia constitucional consolidada. Enllaç a l’article sencer.
