Article publicat el 28 de febrer de 2026 a El Periódico
Quizá sea por (de)formación profesional, pero al ver que dos extrabajadoras de Julio Iglesias le denunciaban ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de seres humanos, agresión sexual o malos tratos pensé que tal acción tendría un recorrido más que incierto debido a que la justicia universal en España es hoy en día más que residual debido a algunas decisiones políticas no tan lejanas. Los hechos son que la Fiscalía se ha alineado con la defensa de Iglesias, que alegó que los tribunales españoles no son competentes para juzgarle porque los hechos tuvieron lugar en República Dominicana y Bahamas. En opinión del ministerio público, deberían haberse denunciado primero en los países donde tuvieron lugar y solo en caso de no prosperar y constatada la “imposibilidad real o la falta de voluntad” de investigar sería posible franquearle el paso en España, autorizada a intervenir solo en caso de que el Estado directamente competente no pudiera o no quisiera hacerlo, acreditándose así. Algo que no podría plantearse, por ejemplo, en el caso Epstein, porque los delitos han sido calificados de federales en los EEUU y se han desplegado las acciones de cooperación internacional correspondientes.
El criterio de la Fiscalía se fundamenta en que la justicia universal en España es actualmente un “último recurso” porque ha dejado de ser una competencia general. Algunos sectores jurídicos han criticado que la Fiscalía no haya entrado en el fondo de las acusaciones, y que haya tomado la decisión solo en base a una cuestión meramente procesal —la competencia—, sin valorar las pruebas aportadas por las denunciantes. Organizaciones implicadas en la denuncia como Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional calificaron la decisión como “lamentable” y argumentaron que España había perdido la oportunidad de escuchar e investigar a fondo los hechos y considerar todas las evidencias disponibles. Estas entidades, que presentaron la denuncia, consideran que la jurisdicción española debería poder ejercerse abiertamente en casos con presuntas violaciones a derechos humanos. Pero se trata de argumentos de oportunidad o de mera conveniencia, aunque perfectamente atendibles.
