De entrada, en Estados Unidos el mundo del lobby está vinculado a un sistema político muy diferente del nuestro, en el que hay elecciones con mucha más frecuencia que aquí. Por ejemplo, en noviembre se renuevan casi 376 representantes y dos tercios del Senado, es decir, el país está permanentemente en campaña electoral. Además y, aunque hay algunos límites, no existen los que hay en Europa sobre la financiación de los partidos, de modo que el lobby está muy vinculado también a las campañas electorales.
¿Por qué ese modelo sería difícil de trasladar a España?
Porque la ley de patrimonio de 2003 prohíbe donaciones a las administraciones públicas y la ley de financiación de partidos impide a las empresas donar y limita las aportaciones de particulares. Por tanto, el lobbismo aquí debe entenderse de otra manera. Tenemos elementos similares, como el registro obligatorio, pero los incentivos son distintos. Aquí se trata más de facilitar el contacto con los decisores públicos, el acceso a instituciones o la participación en actividades, aunque eso no siempre incentiva que las empresas se registren y favorece que exista lobby al margen de la regulación, lo que hablábamos del lobbismo informal.
España no ha regulado su actividad, pero Catalunya sí, en 2014.
El caso español es especialmente doloroso porque ya en la Transición, con Manuel Fraga, se intentó regular los lobbies en la Constitución. Después ha habido iniciativas durante años, incluso proyectos de ley, pero la de integridad pública, que regula muchas cuestiones como la transparencia o los alertadores, está ahora encallada en el Congreso. No hay una ley estatal a pesar de que el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) lo ha pedido insistentemente.
¿Por qué cuesta tanto sacarla adelante?
No parece que haya voluntad política. El PP lo bloquea y el PSOE arrastra los pies, parece que tiene un interés muy relativo en que vea la luz. De hecho, está bloqueada por los partidos mayoritarios mediante prórrogas constantes que impiden que avance la tramitación, y todo apunta a que no se desbloqueará esta legislatura. Y es una lástima, porque no solo responde a compromisos internos, sino también a directrices de la Unión Europea y del Consejo de Europa, que llevan tiempo insistiendo en la necesidad de regularlo. Catalunya fue pionera en 2014, pero otras autonomías han avanzado con sistemas más modernos, como Asturias.
¿Por qué son más modernos?
Su regulación es más precisa y, sobre todo, incorpora lo que se llama la huella normativa. Es decir, no basta con saber que ha habido reuniones, sino que hay que ver qué impacto han tenido. La huella normativa implica que, en la tramitación de normas, se indique qué cambios o aportaciones se han incorporado como resultado de esa influencia. Lo mismo debería aplicarse al ámbito legislativo, de modo que el expediente de una ley refleje cuál ha sido esa incidencia. No basta con conocer los contactos, sino que hay que transparentar su impacto real y así poder valorar la naturaleza de la actividad de influencia.
Usted, como letrado del Parlament, elaboró un informe para la Mesa en el que recomendaba incorporar estas mejoras en el reglamento de la Cámara catalana y en su Código de Conducta, que ya prevé la obligación de hacer públicas las reuniones de los diputados con lobbies.
Hay que poner en valor que Catalunya fue pionera en este tema. La Ley 19/2014 ya incorporó una regulación explícita sobre los grupos de presión, a diferencia del Estado, que en 2013 la omitió. Además, esa regulación tenía dos vertientes, porque se extendía al Parlament -que ejerció su autonomía reformando su reglamento- y también al ámbito de los gobiernos locales. A partir de ahí, se han hecho cosas positivas, pero hay aspectos a mejorar, como el ámbito subjetivo, el sistema de incentivos y, sobre todo, la cobertura normativa. El código ético del Parlament, para que se cumpla, debe tener rango legal e incorporarse al reglamento. En esa línea iba el informe, y me consta que hay iniciativas en marcha para hacerlo.
Usted fue durante un tiempo diputado en el Parlament y en el Congreso. ¿Vivió este contacto con el lobbismo?
