La facultad de «veto presupuestario» del Ejecutivo (art. 134.6 CE) se halla orientada a la preservación por parte de éste de la integridad y coherencia de su programa económico. La doctrina constitucional ha declarado tradicionalmente que la intervención de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario no debe quebrantar, sin conformidad gubernamental, la confianza de que es depositario el Gobierno mediante esa relevante ley. No obstante, el TC ha identificado recientemente los parámetros que han de permitir calificar la adecuación del ejercicio de la disconformidad gubernamental en función de su repercusión en las cuentas. Además, ha asignado a los órganos rectores de las Cámaras el control formal y material del referido veto, en ausencia de previsiones reglamentarias específicas, con objeto de garantizar la transparencia y previsibilidad del ejercicio por todas las partes de la función legislativa presupuestaria. Enlace al artículo completo.
El «veto» o limitación de los derechos de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario. Una propuesta de revisión
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"Des del punt de vista de la cohesió social, les ràtzies indiscriminades augmenten la por i la marginalitat de les persones, que decideixen viure a l’ombra i evitar institucions públiques com hospitals, escoles i jutjats"
De Joan Ridao (@Joanridao)
La “mà dura” en immigració té costos: més rutes perilloses i extorsió; despesa enorme en policia, tribunals i vols; impacte en DDHH (separació de famílies) i en cohesió social (vida a l’ombra, evitant hospitals i escoles).
En parlo al @diariARA:
https://www.ara.cat/opinio/fracas-politiques-deportacio-massiva-d-immigrants_129_5638129.html