Article publicat al Diari Demócrata, el dia 23 de març de 2023.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como “Ley mordaza”, se llevó a cabo una reforma del derecho español en materia penal y sancionadora que contó con una férrea contestación desde sectores no solo políticos y sociales, sino también jurídicos. Esa ley, auspiciada por el Partido Popular, se vio acompañada de una reforma simultánea del Código Penal, con el pretexto, en virtud del principio de intervención mínima del Derecho Penal y para descargar de trabajo a los jueces penales, que trasladaba como conductas sancionables administrativamente a la “Ley mordaza” las hasta entonces punibles como faltas penales menores. Para cerrar el círculo, no se olvide, ya se había aprobado la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, a la que, la “Ley mordaza” se remitía, desplazando así el monopolio público de la legitimidad en el uso de la violencia, como parte de una tendencia liberal a la privatización de las tareas esenciales del Estado.
En suma, el resultado de la operación era el de reformar la Ley de seguridad para someter las calles, limitando severamente el derecho de protesta, por la vía de empoderar a los cuerpos policiales, además de ampliar el catálogo de infracciones de la Ley, que excedía de las heredadas del Código Penal, so pretexto, rezaba el preámbulo, de acoger los cambios sociales y las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana que han aparecido con el tiempo. Dicho con otras palabras, asistíamos a una manifestación más de esa tendencia sociopolítica neoliberal consistente en desplazar el Estado social hacia el “puño de hierro” del Estado penal. Una manifestación más del “derecho penal del enemigo”, porque, a grandes rasgos, expresaba el contraste entre la legislación exoneradora de los agentes causantes de la crisis económica y la movilización punible de las protestas de los más afectados por los desmanes financieros.
En cualquier caso, el reciente desenlace legislativo de la reforma de la “Ley Mordaza” ha puesto de relieve un nuevo empate infinito de impotencia de las izquierdas. Por un lado, el PSOE ha incumplido el compromiso de Pedro Sánchez de derogar la Ley durante la campaña de las elecciones generales, sucumbiendo a la presión de sectores policiales y de orden contrarios siquiera a suavizar la norma. No en vano, los primeros en felicitarse por el embarrancamiento del dictamen fueron los principales sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, los mismos que habían salido a la calle para protestar más de una vez contra los cambios proyectados. Por el otro, ERC y Bildu han contribuido igualmente a encallar la nave ni que sea con sus exigencias razonables de erradicar las pelotas de goma, poner fin a las devoluciones de migrantes en caliente, o considerar como falta leve la desobediencia a los agentes de la autoridad. Unidas Podemos, por su parte, votó favorablemente la reforma preconizada por el PSOE, pero se quejó de la falta de disposición de sus socios a dialogar. Demasiados frentes abiertos entre socios.
En fin, en el cajón, si una tramitación urgente no pone remedio, se van a quedar cuestiones como la rebaja general de la cuantía de las multas o de las sanciones por la tenencia de cannabis y otros estupefacientes, de las manifestaciones ante los Parlamentos, de las okupaciones de inmuebles o los top manta; o la supresión de la advertencia legal y de la posible sanción por desobediencia a los trabajadores sexuales; el levantamiento de las sanciones en las reuniones espontáneas o sin comunicación previa; el aviso previo de la policía por la utilización de material antidisturbios; o, en fin, los matices introducidos en la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad. Duele pensar en la situación generada, aunque tengo para mí, como lenitivo, la convicción de que Grande-Marlaska no quería indisponer a los sindicatos policiales, y de que Sánchez tampoco quería renunciar al voto de orden en el inminente ciclo electoral. O sea, que nos vamos a quedar por mucho tiempo con el andamiaje sancionador diseñado por Rajoy en su día: una dualidad punitiva penal-administrativa asfixiante y una limitación severa del ejercicio del derecho de participación política y del derecho a la libertad de información en el espacio público.
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