Article publicat a La Vanguàrdia, el dia 4 de novembre de 2022.
El Estado español se encamina hacia una crisis institucional enquistada. Tanto por el triste empate infinito PSOE-PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como por la extrema polarización y bloqueo total que nos viene, debido a que el líder popular Alberto Núñez Feijóo, a la sazón jefe de la oposición, se ha revelado un dirigente pusilánime y prisionero de la peor derecha política, mediática y judicial. Si hasta ahora había ido perdiendo lustre con sus humorismos y sus lapsus, ahora ha perdido hasta la más elemental compostura. Se veía venir. Del giro a la moderación, la experiencia en la gestión y la empatía periférica se ha pasado en poco tiempo a la metedura de pata por su negacionismo con la excepción ibérica, la confusión entre la prima de riesgo y los tipos de interés, o en clave catalana a la marcha atrás con la nacionalidad o a sus reiterados e infundados ataques al modelo lingüístico educativo.
Ahora, ya sea debido a las presiones recibidas de los mismos medios que estos días intentan justificar tanto descomedimiento, o de los sectores más atrabiliarios de la derecha española como Isabel Ayuso o los más próximos a VOX, el crédito de Feijóo se ha visto irremisiblemente tocado. Se diría, por algunas reacciones, que incluso ante algunos sectores de su entorno judicial, que ven cómo de estéril ha sido el sacrificio de Carlos Lesmes tras desocupar la presidencia del CGPJ después de cuatro años de prórroga, además de perpetuarse la incertidumbre y el deterioro de la imagen de la justicia y se sus rectores en particular.
Ciertamente, ya había razones para el escepticismo sobre un acuerdo Sánchez-Feijóo. Hasta ahora el PP había ido muy lejos en su afán por seguir controlando el Poder Judicial, un poder del Estado sin legitimidad democrática directa en el que la derecha es hegemónica, forzando hasta lo indecible la interinidad del CGPJ. Además, ahí están las expectativas de vuelco electoral que auguran algunas encuestas para dentro de un año, que permitiría a los de Feijóo, tras la alternancia, embridar de nuevo la composición de los órganos constitucionales sin tener que aceptar ahora reformas en orden a su despolitización o a la exigencia de mayorías reforzadas para determinados nombramientos. Pero el creciente estado de opinión sobre la cuestión y la reciente visita del comisario europeo Didier Reynders parecían empujar hacia el acuerdo, hasta el punto de que el cálculo partidista pasase a un segundo plano.
Visto el desenlace, el espíritu de Cosidó (“controlar la Sala segunda desde detrás”) y la falta de aparente rédito político se han llevado al traste la renovación. Y no solo eso. Una vez superado el obstáculo de Unidas Podemos, que había accedido a sustituir la candidatura de la magistrada Victoria Rosell por la de Luisa Avilés, el desencuentro vuelve a tener Cataluña como trasfondo. Ahora con el pretexto de la reforma de la sedición, lo cual, por cierto, no augura nada bueno en términos de resolución del conflicto si del PP depende. Habrá que ver si Pedro Sánchez mantiene su compromiso de emprender la reforma del Código Penal o vacila ante la presión espuria del PP. Queda para más adelante la salida de Feijóo de su cautiverio. A ver si encuentra el tono, aunque determinadas corrientes le lleven la contraria.
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