Ya me perdonarán un título tan tópico, pero es que la disolución de la Asamblea de Madrid y las mociones de censura contra el Gobierno de esta comunidad se han cruzado en el camino del realismo mágico. Como i los juristas más audaces lo habrían podido prever, ahora los tribunales están llamados a terciar en el conflicto y dilucidar si prevalece la facultad discrecional de la presidenta autonómica de disolver el Parlamento, o la de este de control el Gobierno por la vía de una moción de censura.
De entrada, la “razón política” parece estar clara: todo apunta que ni Díaz Ayuso ni los partidos se han conducido de la manera más responsable. Ahora bien, la “razón jurídica” no parece estarlo tanto. Si hacemos una interpretación finalista de las normas en juego, más allá de su literalidad, lo primero que hay que tener presente está que los hechos son resultado del esquema de relaciones Gobierno-Parlamento, característico de la forma de gobierno parlamentaria. La Cámara, igual que otorgar la confianza al Ejecutivo a través de la investidura, le puede retirar con una moción de censura. Precisamente porque se puede producir eso, la facultad de disolución del presidente opera como un mecanismo compensatorio, que se puede ejercer libremente, por ejemplo, cuando se constate la falta de apoyos o, como en este caso, cuando se quiere evitar que se tramite una moción de censura. Por eso, la Constitución y los Estatutos de autonomía prescriben que, una vez presentada una moción, no es posible disolver la Cámara.
