Una revisión de la praxis judicial en los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e incitación al odio.
Dos recientes informe de Aministia Internacional (AI) (España: el derecho a protestar, amenazado y Tuitea… si te atreves) denunciaban no hace mucho, entre otras muchas cuestiones, lo que esta ONG considera como una renovada determinación de las autoridades españolas de restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. Estos documentos, sea o no casualidad, vinieron a coincidir con el recurrente debate en les últimos tiempos acerca de los limites de la libertad de expresión suscitado por periódicas resoluciones judiciales y, en esta ocasión, a cuenta de la polémica censura por parte de IFEMA de una obra expuesta en Arco por el artista Santiago Sierra titulada Presos políticos en la España contemporanea y la decisión, no menos polémica, de una jueza de prohibir cautelarmente la edición y distribución del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, en el que se expone un crudo relato sobre el narcotráfico en Galicia, a instancias del alcalde de O Grove por entender vulnerado su derecho al honor. Enllaç a l’article sencer.
