El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial y su mandato es de cinco años, aunque el último se constituyó en diciembre del 2013 y lleva casi dos años y medio sin renovarse. Dicha situación no es nueva. Ya el anterior Consejo estuvo casi dos años en funciones hasta que se acordó su renovación entre los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) en noviembre del 2008. De las seis veces que se ha renovado desde 1980, en tres se ha hecho con retraso (1996, 2008 y ahora).
“Montesquieu ha muerto”, dijo Alfonso Guerra en 1985 tras haberse aprobado precisamente la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ahora permite que las Cortes elijan a todos los miembros del CGPJ. En un principio, solo ocho de sus veinte vocales (los que corresponde designar al Congreso y al Senado entre abogados y juristas de reconocido prestigio por mayoría de tres quintos) eran designados por las Cortes.
La pregunta es si cabe hacer una reforma del CGPJ que establezca plazos de renovación automática
Actualmente, todos sus miembros, incluidos los propuestos por los propios jueces y magistrados, son elegidos por el Parlamento. No es una mala fórmula, además de que ya se han ensayado todas: la gremial, la parlamentaria y la mixta. La vigente, validada en su día por el TC, busca un amplio consenso mediante un voto cualificado del Parlamento, que, por supuesto, goza de mayor legitimidad democrática que la corporación de jueces.
No obstante, este método también presenta inconvenientes: pone en manos de la minoría la capacidad de veto y crea un sistema tácito de cuotas en función de la afinidad ideológica de los candidatos, lo cual deja la profesionalidad de los mismos en un segundo plano.
Esos lotes –por utilizar una expresión muy italiana– y el afán de los partidos por controlar el CGPJ se explica porque está en juego sobre todo el equilibrio entre la facción conservadora –la hegemónica– y la progresista, y no tanto, como a veces se ha dicho maliciosamente, por el hecho de que los parlamentarios sean aforados y su futuro vaya a depender de esos órganos en el futuro. Más en concreto, el problema reside en una de las más relevantes funciones que ejerce el CGPJ: la elección de los presidentes del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, y demás puestos gubernativos, de signo conservador o progresista. Las dos Españas togadas y con puñetas en la manga.
Y ello no deja de ser paradójico, pues el CGPJ se configura constitucionalmente como una institución que materializa la separación de poderes y que defiende la independencia judicial. En cambio, siempre aparece empantanado en medio del debate político –ahora por el bloqueo en su renovación–, lo cual no solo lastra su independencia, sino que lo proyecta como un órgano extremadamente politizado, irrogando de paso un grave daño reputacional a uno de los poderes del Estado que ya de por sí goza de menos estima social.
Así las cosas, la pregunta es si cabe hacer una reforma que establezca plazos de renovación automáticos, o incluso si, como se ha planteado –y Bruselas ha rechazado–, es posible impedir que durante el mandato en funciones se puedan hacer nombramientos de jueces. Hay quien ha planteado la posibilidad nada extravagante de recurrir a un sorteo, algo que ya se hace habitualmente para renovar parcialmente algunos órganos colegiados.
En todo caso, la independencia y el prestigio del CGPJ no pueden esperar ni un día más.
