Según Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 30 en el ranking de estados corruptos del mundo, empatada con Botsuana, y el 13 entre los de la UE. Son los resultados de una encuesta coordinada en España por Jesús Lizcano, a partir de un indicador subjetivo como la percepción social. Por eso, hay que precisar que la corrupción percibida siempre es mayor que la real. La Fiscalía ha revelado que a finales del 2012 había 800 políticos imputados por delitos en el ejercicio de su cargo, de los que se cree acabarán acusados unos 500. Si tomamos este número y lo dividimos por el total de políticos electos y altos cargos (70.000), la ratio de criminalidad es del 0,7%.
Hablamos de corrupción política y no administrativa, y de que esta afecta sobre todo al mundo local. Estudios como los de Juli Ponce demuestran que la proporción político-empleado público es de 100 a 1. Esta es la gran diferencia con los regímenes cleptocráticos, en los que la anomalía es dar con algún funcionario honesto. Claro que es más probable encontrar un corrupto entre 8.116 alcaldes que entre 15 o 20 ministros o consejeros. Con todo, llama la atención que en los últimos seis años haya habido más de 200 casos significativos a nivel municipal y, no obstante, la percepción social difiera cuando se trata de otras administraciones, menos tolerante, provocado por factores de distancia o de conciencia del déficit comparativo de poder entre los entes locales y el Estado o las autonomías. En el mundo local, la corrupción está relacionada con el urbanismo, sobre todo en la costa y en torno a las grandes urbes, y se ha desarrollado en condiciones más propicias: monopolio de decisiones relevantes por los alcaldes, como firma de convenios urbanísticos, y un alto grado de discrecionalidad más elevada en procesos de decisión y control.
¿Y qué nos cuesta, todo eso? Un reciente estudio del Instituto Universitari de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España. El informe desarrolla un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se hacen encuestas a expertos o ciudadanos, centrados en el impacto de los casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente. El coste incluye aspectos como el impacto sobre la reducción de la inversión extranjera, los casos que no se detectan o no se pueden probar judicialmente, y el desánimo en la población. Para calcular la magnitud del problema sólo hay que pensar que 40.000 millones equivalen al coste del rescate bancario español o al incremento del gasto público en los presupuestos del Estado para el 2014.
Article publicat a La Vanguardia 02/11/2013
