El jurista Joan Ridao considera que en España existe una gran anomalía por la carencia de una ley que regule la actividad de los lobbies y que Catalunya, si bien fue pionera al incluirlo en la Ley de Transparencia de 2014 con la creación de un registro de grupos de interés, debería medir la “influencia” que estos ejercen en la toma de decisiones.
Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press con motivo de la publicación de su libro ‘El caso Sloane. Una lobby story’ (Tirant Lo Blanch), en el que examina el sistema político estadounidense y el funcionamiento del lobbismo en Washington, así como las diferencias respecto a Europa y España.
Ridao, que fue letrado mayor del Parlament, así como diputado en la cámara catalana y en el Congreso, explica que hubo diversas iniciativas para intentar regular la actividad de los lobbies en España; de hecho, Manuel Fraga ya quiso introducir este fenómeno dentro de la Constitución durante el debate constituyente, recuerda.
Tras varios intentos, en la actual legislatura el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública para identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores.
En Catalunya, la ley aprobada en 2014 incluye algunos elementos relativos a los grupos de presión y, en 2016, el Parlament creó un registro de grupos de interés, ofreciendo públicamente una lista de empresas y particulares que se inscriben como lobby.
El segundo elemento es la agenda, que contribuye a saber no sólo que existen sujetos que figuran en el registro de lobbies, sino que se han reunido con determinados decisores públicos, aunque la experiencia “no es 100% positiva” porque no todo el mundo comunica estos encuentros, explica Ridao, que también es profesor de Derecho Constitucional.
El problema que arrastra Catalunya, probablemente por haber sido pionera en la aprobación de la ley, es la carencia de la “huella normativa”, afirma Ridao, para quien no es suficiente con tener un registro de lobbies y con conocer la agenda de los decisores públicos, sino que se debe saber qué trascendencia ha tenido su influencia y qué cambios se han producido en las decisiones tomadas.
Otros elementos que para Ridao no acaban de funcionar en Catalunya son el control del “lobbismo informal”, aquel que discurre por circuitos no regulados, y que los incentivos que el sistema ofrece para que los lobbies se inscriban en el registro y hagan una actividad formal son, a su parecer, escasos.
No obstante, en España la financiación de los partidos políticos es principalmente pública (la financiación de las empresas o mercantiles está prohibida y la de particulares limitada a 50.000 euros al año) por lo que, para Ridao, si un lobby es “íntegro” no funciona a base de contraprestaciones económicas, como sí sucede en los Estados Unidos.
EL CONGRESO
Para Ridao, si hay un lugar en el que existe una “cierta incidencia” del lobbismo es en el Congreso, de muy diferentes tipos (desde colectivos hasta entidades financieras), y que normalmente se ve traducido en enmiendas o en modificaciones de proyectos de ley.
“Si ahora mismo fueses al Congreso verías que la actividad no se concentra únicamente en el hemiciclo o en las sesiones, en las comisiones para entendernos, sino en los despachos, en reuniones a diario entre actores económicos y sociales que intentan influir”, ha explicado.
No obstante, y aunque en los últimos 10 años asegura que han emergido despachos de ‘public affairs’ que se han profesionalizado, su actividad no es comparable a la de los lobbies estadounidenses.
Por último, Ridao señala que también ejercen influencia los medios de comunicación, que si bien no son grupos de presión en sí mismos, sirven para medir los estados de opinión de la gente con respecto a determinadas decisiones o incluso pueden llegar a modificarla “y eso influye bastante”.
