Debe ser alcalde el candidato más votado?

Article publicat a la Vanguàrdia, el dia 6 de febrer de 2023.

El PP ha presentado un plan con objeto de reforzar, despolitizar y profesionalizar nuestras instituciones. Aunque resulte paradójico, el sedicente Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática ve la luz después de que el propio partido de Alberto Núñez Feijóo haya coprotagonizado algunos de los episodios más bochornosos de instrumentalización partidista de las instituciones, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.

En conjunto, se trata de una serie medidas variopintas y muy genéricas, entre las que sobresale la de librar el gobierno a la lista más votada con objeto de asegurar la gobernabilidad. Aunque formalmente dicha propuesta se halla orientada a las elecciones municipales, sin duda, el PP no pierde de vista las autonómicas y generales. Lo acontecido en Castilla-León con las enojosas medidas antiabortistas de VOX, su socio en aquella comunidad, puede que haya colmado el vaso de su paciencia, y que o bien esté pensando en materializar cuanto antes la propuesta para evitar ser cautivo nuevamente de la ultraderecha, o, lo que es peor, para cargarse de argumentos si hay que volver a pactar con los de Abascal en caso de rechazarse.

La aplicación de dicha medida al ámbito autonómico requeriría cambios en los estatutos de autonomía. En las elecciones generales, la tarea sería aún más ardua: reformar la Constitución.  Al margen de las mayorías necesarias, pese a que se trata de una cuestión no afectada por el procedimiento de reforma más agravado, el principal inconveniente es que, tanto en un caso como otro, se produciría una quiebra del sistema fiduciario en que se basa el régimen parlamentario, puesto que podría darse el caso de elegirse un presidente y un gobierno que no reuniese la confianza mayoritaria de su respetivo Parlamento.

Cosa distinta es lo que podría acontecer en los ayuntamientos, donde hoy en día ya es posible elegir como alcalde al cabeza de lista más votado, por endeble que ello sea. En efecto, si el bien superior a preservar es la estabilidad del gobierno local, no parece que esa posibilidad, prevista en el artículo 196 de la ley electoral, incentive la formación de pactos de signo mayoritario. Y ello, pese a que la realidad pone de manifiesto la fragmentación del mapa electoral municipal, especialmente en municipios grandes, donde se da una centralidad demediada entre dos, tres o incluso cuatro formaciones políticas, como en Barcelona, que conviven con otras minorías residuales.

Ahí parece razonable contemplar una segunda vuelta o ballotage con los dos candidatos más votados, para favorecer la concentración política entorno a fuerzas centrales y en detrimento de opciones extremas. Este modelo conjuga representatividad y gobernabilidad, pero exigiría modificar algunos aspectos de la arquitectura institucional local para, como propone el PP, rearmar las facultades del ejecutivo local y consagrar el Pleno, como asamblea de electos, a las tareas de orientación y control político del equipo de gobierno, algo que ya estaba en la base de las reformas del gobierno local operadas en 1999 y 2003. Al mismo tiempo, podrían reordenarse los mecanismos de remoción de la máxima autoridad local, con la supresión de la moción de censura, institución impostada y con origen en la tradición parlamentaria, en favor de otros procesos de revocación de mandatos por expresión directa del voto popular.

Se trata de un método característico de los sistemas presidencialistas, pero por ello mismo encajaría en la arena local, donde el alcalde preside la corporación e incluso el Pleno. Además, tanto el PSOE como el PP propusieron en su día bonificar con una prima de concejales las opciones mayoritarias, hasta completar la mayoría absoluta. También parecía sugerirlo el Consejo de Estado en un informe sobre la reforma electoral (2009). Por lo demás, la Constitución da la opción de elegir el alcalde mediante el voto de los vecinos o el de los concejales (art. 140). Fue el legislador electoral el que se inclinó por esta última opción, por lo que no sería necesaria una reforma constitucional. Si de verdad se trata de reforzar nuestras instituciones, por algún sitio habrá que empezar. No parece que el nivel local vaya a ser el que presente más dificultades a la hora de acometer las reformas necesarias.

Enllaç a l’article publicat al diari: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20230206/8735861/debe-alcalde-candidato-mas-votado.html

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