La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comunidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al articulo completo.
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"Des del punt de vista de la cohesió social, les ràtzies indiscriminades augmenten la por i la marginalitat de les persones, que decideixen viure a l’ombra i evitar institucions públiques com hospitals, escoles i jutjats"
De Joan Ridao (@Joanridao)
La “mà dura” en immigració té costos: més rutes perilloses i extorsió; despesa enorme en policia, tribunals i vols; impacte en DDHH (separació de famílies) i en cohesió social (vida a l’ombra, evitant hospitals i escoles).
En parlo al @diariARA:
https://www.ara.cat/opinio/fracas-politiques-deportacio-massiva-d-immigrants_129_5638129.html