El 155 según el TC

La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comunidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al articulo completo.

El «veto» o limitación de los derechos de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario. Una propuesta de revisión

La facultad de «veto presupuestario» del Ejecutivo (art. 134.6 CE) se halla orientada a la preservación por parte de éste de la integridad y coherencia de su programa económico. La doctrina constitucional ha declarado tradicionalmente que la intervención de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario no debe quebrantar, sin conformidad gubernamental, la confianza de que es depositario el Gobierno mediante esa relevante ley. No obstante, el TC ha identificado recientemente los parámetros que han de permitir calificar la adecuación del ejercicio de la disconformidad gubernamental en función de su repercusión en las cuentas. Además, ha asignado a los órganos rectores de las Cámaras el control formal y material del referido veto, en ausencia de previsiones reglamentarias específicas, con objeto de garantizar la transparencia y previsibilidad del ejercicio por todas las partes de la función legislativa presupuestaria. Enlace al artículo completo.

SEMIOLOGIA POLITICA, LIBERTAD DE EXPRESION Y NEUTRALIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU ALCANCE TUITIVO. UN BOSQUEJO.

Los conflictos jurídicos entorno a la exhibición de símbolos políticos en el espacio público, y en la esfera de las instituciones en particular, han sido numerosos en democracia. Baste recordar algunos episodios en el País Vasco y Navarra a cuenta del uso recíproco de símbolos oficiales -con intervención del Tribunal Constitucional incluida- o la llamada “guerra de las banderas”, en estas mismas Comunidades, que se mantuvo hasta bien entrado este siglo1. Por otro lado, aunque más pacífica, ha habido una intensa presencia de símbolos reivindicativos, de protesta ciudadana o de servidores públicos conmotivo de la guerra de Irak, de las medidas de austeridad adoptadas con la crisis económica (a partir de 2007), del auge de movimientos que expresaban su simpatía hacia la causa feminista, la acogida de refugiados o contraria a la discriminación por razones de orientación sexual, por poner solo algunos ejemplos. Enlace al artículo completo.