El rei, el TC i la raó d’estat

La sentència del TC sobre la declaració del Parlament de rebuig a la monarquia diu textualment que “la ‘inviolabilitat’ preserva el rei de qualsevol tipus de censura o control dels seus actes”. Em frego els ulls. Rellegeixo incrèdul. Em recorda el principi monàrquic preliberal, basat en el dret diví. No en va, mentre a Europa la Il·lustració i les revolucions liberals van instaurar nous contractes socials (monàrquics o republicans) que van definir una manera d’entendre la política entorn d’institucions democràtiques i representatives, els hereus estamentals d’Espanya no havien tingut mai cap impediment fins a la Constitució del 1978 per seguir responent dels seus actes només davant Déu nostre senyor. Enllaç a l’article sencer.

El 155 según el TC, La Vanguardia, 9/07/2019

La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo ­pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comu­nidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, ­modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara ­territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al artículo entero.

La elección del alcalde

La dificultad para alcanzar pactos para la elección de alcaldes por mayoría absoluta en primera votación y la endeblez que supone la elección en segunda del cabeza de lista más votado ha traído nuevamente a colación la posibilidad de que el sistema electoral contemple una segunda vuelta o ballotage, característico de los sistemas presidencialistas, como remedio para afrontar situaciones de compleja gobernabilidad, pero también, sin duda, para apartar el amargo cáliz de las arduas y enojosas negociaciones para la formación de coaliciones. En parecido sentido, pueden recordarse las un tanto vaporosas propuestas que PSOE y PP hicieron ya hace algún tiempo para bonificar con una prima de concejales las opciones mayoritarias, hasta completar la mayoría absoluta, en línea con lo sugerido por el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma electoral (2009). Enlace al capítulo entero.