La protección jurídica de los símbolos del Estado a revisión.

Una relectura acorde con la libertad de expresión y con el espíritu de tolerancia de una sociedad pluralista.

 

I. Introducción

La libertad de expresión se ha visto sometida últimamente a tensiones insólitas, que han suscitado una viva polémica social, política y doctrinal, por apreciarse, en muchos casos, un ejercicio desviado del fundamento democrático de tal derecho. Esos conflictos, no siempre relativos a los derechos de la personalidad o de la información, tienen que ver en numerosas ocasiones con la exhibición de símbolos del Estado u otros no oficiales.

Como tendremos ocasión de examinar, esas restricciones a la libertad de ex- presión tienen dos cauces preferentes: el penal y el administrativo, constituido el primero por el Código Penal (CP) y el segundo por la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, pero especialmente, como veremos, por algunas leyes sectoriales como la que persigue y sanciona la violencia en el deporte. Así, salvo contadas excepciones, la jurisdicción ha sido notablemente severa en la aplicación del delito de ultrajes a situaciones en las que no era constatable la presencia del ánimo de injuriar (en la quema de banderas, por ejemplo) y que podían muy bien constituir un ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ideas, creencias y sentimientos, proclamado en el artículo 20 de la Constitución (CE).

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El 155 según el TC

La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comunidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al articulo completo.

El «veto» o limitación de los derechos de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario. Una propuesta de revisión

La facultad de «veto presupuestario» del Ejecutivo (art. 134.6 CE) se halla orientada a la preservación por parte de éste de la integridad y coherencia de su programa económico. La doctrina constitucional ha declarado tradicionalmente que la intervención de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario no debe quebrantar, sin conformidad gubernamental, la confianza de que es depositario el Gobierno mediante esa relevante ley. No obstante, el TC ha identificado recientemente los parámetros que han de permitir calificar la adecuación del ejercicio de la disconformidad gubernamental en función de su repercusión en las cuentas. Además, ha asignado a los órganos rectores de las Cámaras el control formal y material del referido veto, en ausencia de previsiones reglamentarias específicas, con objeto de garantizar la transparencia y previsibilidad del ejercicio por todas las partes de la función legislativa presupuestaria. Enlace al artículo completo.

SEMIOLOGIA POLITICA, LIBERTAD DE EXPRESION Y NEUTRALIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU ALCANCE TUITIVO. UN BOSQUEJO.

Los conflictos jurídicos entorno a la exhibición de símbolos políticos en el espacio público, y en la esfera de las instituciones en particular, han sido numerosos en democracia. Baste recordar algunos episodios en el País Vasco y Navarra a cuenta del uso recíproco de símbolos oficiales -con intervención del Tribunal Constitucional incluida- o la llamada “guerra de las banderas”, en estas mismas Comunidades, que se mantuvo hasta bien entrado este siglo1. Por otro lado, aunque más pacífica, ha habido una intensa presencia de símbolos reivindicativos, de protesta ciudadana o de servidores públicos conmotivo de la guerra de Irak, de las medidas de austeridad adoptadas con la crisis económica (a partir de 2007), del auge de movimientos que expresaban su simpatía hacia la causa feminista, la acogida de refugiados o contraria a la discriminación por razones de orientación sexual, por poner solo algunos ejemplos. Enlace al artículo completo.

ANUARI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Quan vegi la llum aquest Anuari, la XII legislatura haurà complert una mica més d’un any de vida en un context sense dubte excepcional. No debades, les eleccions del 21 de desembre del 2017 van ser convocades pel govern espanyol a l’empara de l’article 155 de la Constitució, en el marc de les mesures d’execució acordades pel Senat el 27 d’octubre del 2017, a conseqüència de la celebració del referèndum de l’1-O i no pas per la decisió del president de la Generalitat de dissoldre anticipadament el Parlament o perquè hagués expirat el mandat. Els comicis van atorgar la victòria a Ciutadans, que va esdevenir la primera força política a la Cambra catalana, per bé que es va reeditar la majoria independentista, integrada per les mateixes forces polítiques que en l’anterior legislatura [Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)], la segona i la tercera força política, respectivament. Enllaç a l’article sencer.

LA DOCTRINA DEL TC SOBRE LA «FIESTA DE LOS TOROS» COM A PATRIMONI CULTURAL (O COM LIDIAR AMB LA CREIXENT SENSIBILITAT ANIMALISTA)

La Fundació ‘Toro de Lidia’ va presentar fa poc una sol·licitud a l’Ajuntament d’Olot per permetre a un noveller local organitzar una “corrida de toros” a la plaça de la localitat, la més antiga de Catalunya (1859), donat «l’ampli suport civil que promou la iniciativa».
Aquesta petició te especial interès, és clar, després de la renúncia de facto del principal empresari taurí a organitzar “corrides de toros” a Barcelona, després d’un llarg contenciós judicial i polític. Però també perquè arriba després de dues rellevants sentències del Tribunal Constitucional (TC), la primera de les quals (STC 177/2016, de 20 d’octubre) declarà inconstitucional i nul l’article 1 de la Llei catalana 28/2010, de 23 d’agost, de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que prohibia la celebració “de corrides de toros” i altres espectacles taurins a Catalunya; i la segona, la STC 134/2018, de 13 de desembre, que anul·là els
principals articles de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les “corrides de toros” i de protecció dels animals de les Illes Balears, en què, sense prohibir l’espectacle, es vetava la mort de l’animal.

Enllaç a l’article sencer de la revista “Mon Jurídic

Enlace al articulo entero de la “Revista Vasca de Administración Pública”