La STC 132/2019 sobre el llibre sisè del Codi civil de Catalunya en matèria d’obligacions i contractes (I). Un miratge enmig d’incerteses i amenaces d’involució

La recent STC 132/2019, de 13 de novembre, sobre diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, presenta un indubtable interès. No només des de la perspectiva del dret civil sinó també des de la talaia del dret constitucional, i el dret públic de Catalunya en particular, per l’afectació que té —i pot tenir— sobre la distribució competencial entre la Generalitat i l’Estat en matèria de dret civil.(1) Es podria dir, fins i tot, que es tracta de la sentència més rellevant sobre l’article 149.1. 8a CE, les complexes regles de la qual han derivat fins ara en una jurisprudència constitucional entre oscil·lant i torturada.

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Las pautas de funcionamiento del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos

En particular su estrategia de comunicación política

LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN EN ESPAÑA Y EL ESTUDIO DEL FENÓMENO COALICIONAL

Todos los partidos políticos aspiran a gobernar en solitario. Pero lo cierto es que, en democracia, en todo el mundo, los gobiernos de coalición son mucho más probables como demuestran los datos científicos. En España, con la llamativa excepción hasta ahora de los gobiernos estatales, los gobiernos de coalición han sido una realidad incontestable desde la restauración democrática, tanto en la arena autonómica como local. Uno de los objetivos centrales de los estudiosos de este fenómeno en los diferentes niveles político-territoriales es el análisis de las estrategias desarrolladas por los partidos políticos durante los procesos de negociación. Pero, junto al reparto del poder político, como ha puesto de relieve recientemente el profesor Jordi Matas, también se examina el balance de su ejecutoria durante la legislatura, su grado de longevidad, y sobre todo las herramientas previstas para garantizar la supervivencia político-parlamentaria del gobierno, señaladamente los protocolos o acuerdos de funcionamiento del gobierno plural, incluida su estrategia comunicativa.

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Transparencia, produndización democrática y lucha contra la corrupción. Algunos fundamentos jurídicos y doctrinales para una necesaria regulación del Lobby en la esfera estatal.

Capítulo IV. Algunos fundamentos jurídicos y doctrinales para una necesaria regulación del Lobby en la esfera estatal

I. Introducción

1. Fundamentos constitucionales para la regulación del «lobby» en España.

2. La base legal: la audiencia de expertos y grupos sociales en el procedimiento legislativo y las exigencias derivadas de la ley de transparencia.

3. La doctrina consultiva: el Consejo de Estado y el ejemplo de las instituciones de la Unión Europea.

4. Los pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria.

5. El Tribunal Constitucional.

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La protección jurídica de los símbolos del Estado a revisión.

Una relectura acorde con la libertad de expresión y con el espíritu de tolerancia de una sociedad pluralista.

 

I. Introducción

La libertad de expresión se ha visto sometida últimamente a tensiones insólitas, que han suscitado una viva polémica social, política y doctrinal, por apreciarse, en muchos casos, un ejercicio desviado del fundamento democrático de tal derecho. Esos conflictos, no siempre relativos a los derechos de la personalidad o de la información, tienen que ver en numerosas ocasiones con la exhibición de símbolos del Estado u otros no oficiales.

Como tendremos ocasión de examinar, esas restricciones a la libertad de ex- presión tienen dos cauces preferentes: el penal y el administrativo, constituido el primero por el Código Penal (CP) y el segundo por la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, pero especialmente, como veremos, por algunas leyes sectoriales como la que persigue y sanciona la violencia en el deporte. Así, salvo contadas excepciones, la jurisdicción ha sido notablemente severa en la aplicación del delito de ultrajes a situaciones en las que no era constatable la presencia del ánimo de injuriar (en la quema de banderas, por ejemplo) y que podían muy bien constituir un ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ideas, creencias y sentimientos, proclamado en el artículo 20 de la Constitución (CE).

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El 155 según el TC

La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comunidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al articulo completo.

El «veto» o limitación de los derechos de participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario. Una propuesta de revisión

La facultad de «veto presupuestario» del Ejecutivo (art. 134.6 CE) se halla orientada a la preservación por parte de éste de la integridad y coherencia de su programa económico. La doctrina constitucional ha declarado tradicionalmente que la intervención de los parlamentarios en el procedimiento legislativo presupuestario no debe quebrantar, sin conformidad gubernamental, la confianza de que es depositario el Gobierno mediante esa relevante ley. No obstante, el TC ha identificado recientemente los parámetros que han de permitir calificar la adecuación del ejercicio de la disconformidad gubernamental en función de su repercusión en las cuentas. Además, ha asignado a los órganos rectores de las Cámaras el control formal y material del referido veto, en ausencia de previsiones reglamentarias específicas, con objeto de garantizar la transparencia y previsibilidad del ejercicio por todas las partes de la función legislativa presupuestaria. Enlace al artículo completo.