La sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei d’educació de Catalunya. Entre la intranscendència i l’efecte «parada i fonda» en l’àmbit lingüístic

El Tribunal Constitucional (TC) va dictar fa poc la sentència per la qual es resolia, al cap de deu anys, el recurs d’inconstitucionalitat plantejat pel Grup Popular al Congrés dels Diputats contra diversos preceptes de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). Aquesta llei, nascuda d’un notable consens polític i sectorial, regula el conjunt del sistema educatiu català, qualsevol que sigui la titularitat dels centres, i també el seu sistema de finançament. Així, inclou aspectes cabdals com el disseny curricular, el règim lingüístic, l’organització dels centres i la funció pública docent. Enllaç a l’article sencer.

El rei, el TC i la raó d’estat

La sentència del TC sobre la declaració del Parlament de rebuig a la monarquia diu textualment que “la ‘inviolabilitat’ preserva el rei de qualsevol tipus de censura o control dels seus actes”. Em frego els ulls. Rellegeixo incrèdul. Em recorda el principi monàrquic preliberal, basat en el dret diví. No en va, mentre a Europa la Il·lustració i les revolucions liberals van instaurar nous contractes socials (monàrquics o republicans) que van definir una manera d’entendre la política entorn d’institucions democràtiques i representatives, els hereus estamentals d’Espanya no havien tingut mai cap impediment fins a la Constitució del 1978 per seguir responent dels seus actes només davant Déu nostre senyor. Enllaç a l’article sencer.

El 155 según el TC, La Vanguardia, 9/07/2019

La Constitución atribuye al Estado facultades de intervención coactiva sobre las comunidades autónomas a través del Gobierno y del Senado. Hasta ahora, había habido consenso entre los expertos sobre que la aplicación del artículo 155 no sólo debía ser excepcional sino también temporal, dado que va orientado a la restitución de la normalidad constitucional. Se sabía, además, que durante el debate constituyente se descartó que este mecanismo ­pudiera habilitar la suspensión o disolución de las comu­nidades, como sucede en Austria, Italia o Argentina. Porque en Alemania, ­modelo en que se inspira el español –a pesar de hundir raíces también en un procedimiento legal de la Segunda República, aplicado después de los hechos del Sis d’Octubre–, este instrumento adquiere sentido porque los länder desarrollan la mayor parte de competencias por delegación del gobierno federal, y el Senado (Bundesrat) tiene funciones de genuina cámara ­territorial. Este había sido, también, el criterio del propio TC, manifestado al resolver el recurso de la Loapa en 1983, y en el 2014 con motivo de un conflicto presupuestario con Canarias. Enlace al artículo entero.

La elección del alcalde

La dificultad para alcanzar pactos para la elección de alcaldes por mayoría absoluta en primera votación y la endeblez que supone la elección en segunda del cabeza de lista más votado ha traído nuevamente a colación la posibilidad de que el sistema electoral contemple una segunda vuelta o ballotage, característico de los sistemas presidencialistas, como remedio para afrontar situaciones de compleja gobernabilidad, pero también, sin duda, para apartar el amargo cáliz de las arduas y enojosas negociaciones para la formación de coaliciones. En parecido sentido, pueden recordarse las un tanto vaporosas propuestas que PSOE y PP hicieron ya hace algún tiempo para bonificar con una prima de concejales las opciones mayoritarias, hasta completar la mayoría absoluta, en línea con lo sugerido por el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma electoral (2009). Enlace al capítulo entero.

Parlamento y libertad de expresión: ¿Dónde están los límites?

INTRODUCCIÓN

La dignidad y el decoro de la institución parlamentaria, así como del ejercicio de la función representativa, es cuestión que se halla íntimamente vinculada al deber de los parlamentarios
de desempeñar las tareas públicas que les son asignadas de acuerdo con los principios de integridad, ejemplaridad o responsabilidad. A este respecto, los Reglamentos de las
Cámaras han venido recogiendo, entre los deberes de los miembros del Parlamento, la obligación de adecuar su conducta a tales principios además de respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, de modo que pueden ser llamados al orden por la presidencia de la Cámara cuando profirieren expresiones ofensivas hacia las instituciones o cualquier otra
persona o entidad o cuando con interrupciones o de cualquier otra forma falten a lo establecido reglamentariamente para los debates.
Con todo, dejando de lado los aspectos normativos que rigen los deberes parlamentarios y éticos, cuando se habla en términos de dignidad y decoro de la institución parlamentaria
también juega un aspecto vinculado al ejercicio de la función representativa como la libertad de expresión en el debate parlamentario y político en general ex artículo 20 de la Constitución
(CE), en la medida que la esfera de protección conferida por ese derecho fundamental puede llegar a constituir un vehículo legitimador de descalificaciones o bien de
recriminaciones entre parlamentarios u otras personas ajenas a las cámaras, lo cual, enlazando con lo dicho al principio, puede exceder tanto la lógica de la confrontación política
como las características naturales que ha de reunir toda función de impulso y control de la acción política y de gobierno.
Todo lo anterior nos traslada, por lo demás, a un debate más amplio, el de si cabe admitir un cierto relajamiento en el rigor y el decoro acostumbrado en el ejercicio de la función parlamentaria,cuya pertinencia fluye en paralelo a otra moderna discusión, ésta tanto doctrinal como social, sobre los límites de la libertad de expresión en la red y acerca del grado de veracidad de las
aseveraciones o hechos en el terreno político, en un contexto en que han emergido conceptos que ensalzan o dan carta de naturaleza a la mentira mediante eufemismos como la postverdad.
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de estos dos supuestos aparentemente amparados por la libertad de expresión, pese a su diferente entidad en términos jurídicos,
además de proponer, en cada caso, unas bases mínimas para su modulación. Así, en primer lugar, caracterizaremos el derecho a la libertad de expresión inherente a la participación
política en la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); seguidamente, procederemos a la delimitación de su alcance en las prerrogativas del parlamentario y, posteriormente, expondremos los fundamentos doctrinales que se proyectan sobre el ejercicio de las facultades de reprobación política que ejercen los parlamentarios sobre los comportamientos y la emisión de opiniones realizados por diversos tipos de sujetos. Para acabar, formularemos unas sucintas conclusiones.

Enllaç a l’article sencer.

 


			

L’estrany cas de l’“evolutiva” doctrina del TC sobre les funcions de qualificació de les iniciatives parlamentàries per part de les meses

Una de les qüestions més espinoses i polèmiques en l’esfera constitucional —i del dret parlamentari en particular— és la referida a l’abast de les funcions de qualificació i admissió a tràmit d’iniciatives parlamentàries per part dels òrgans rectors de les cambres i la seva relació amb el dret fonamental a la representació política de l’article 23.2 de la Constitució (CE). Es tracta, a més, d’una problemàtica que ha aflorat recentment vinculada a les vicissituds de l’anomenat «procés», atès que la derivada en termes parlamentaris d’aquests fets es troba en íntima connexió amb algunes decisions de la Mesa del Parlament de Catalunya, que són actualment objecte d’enjudiciament per part del Tribunal Constitucional (TC), però que també han servit de base per a la imputació de diferents il·lícits davant el Tribunal Suprem (TS) i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’alguns membres d’aquest òrgan governatiu parlamentari. Enllaç a l’article sencer.