LA TRAMITACIÓN DIRECTA DE LAS LEYES: EL PROCEDIMIENTO DE LECTURA ÚNICA A REVISIÓN

RESUMEN: La lectura única constituye un procedimiento excepcional para la aprobación de leyes caracterizada por la supresión de fases determinantes del procedimiento legislativo ordinario en el caso de que su naturaleza o la simplicidad de su formulación lo permitan. Tradicionalmente, sin embargo, al margen de exigirse la concurrencia de esos presupuestos habilitantes se ha considerado que su uso debería quedar restringido a supuestos de amplio consenso parlamentario o regulaciones de escasa entidad que deben prosperar por razones de interés general o de favorecimiento de algún bien jurídico a través de la acción normativa. No obstante, a la vista está que estos requerimientos tanto normativos como convencionales se compadecen muy poco con la experiencia desarrollada en los últimos tiempos, en los que por la via de este procedimiento se ha operado la modificación de leyes de gran calado político e institucional e incluso una reforma constitucional. En este contexto, la doctrina del Tribunal Constitucional se ha mostrado entre oscilante y en extremo deferente para con el legislador de urgencia. Enllaç a l’article sencer.

 

La contratación pública y los conflictos de intereses. Análisis del marco regulatorio en el ámbito europeo, estatal y autonómico

Resumen: Los nuevos requerimientos normativos de transparencia y buen gobierno que derivan del modelo de gobernanza impulsado por la UE, así como los controles impuestos por la nueva contratación pública, especialmente en materia de conflicto de intereses, constituyen un andamiaje lo suficientemente sólido como para forjar no solo un cambio cultural que anteponga el principio de integridad sino también una gestión eficiente de los recursos públicos. Enllaç a l’article sencer.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña. Un examen de su dudosa constitucionalidad

Revista Vasca de Administración Pública (mayo- agosto 2018)

El Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 aprobó las medidas requeridas por el Gobierno del Estado, al amparo del artículo 155 de la Constitución (CE), «necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general por parte de la Generalitat de Cataluña»; y la subsiguiente Resolución de 27 de octubre de 2017 de la presidencia del Senado hizo público dicho acuerdo (BOE n.º 260, de 27 de octubre de 2017). Se activaba así, por primera vez desde la aprobación de la Carta Magna, el extraordinario  mecanismo  constitucional de coerción estatal sobre las instituciones de una Comunidad Autónoma contemplado en el mencionado precepto. Enllaç a l’article sencer.